La Ley de Seguridad de las Infraestructuras Críticas (SOCI), promulgada en 2018, es un marco legislativo australiano diseñado para mejorar la seguridad y la resiliencia de las infraestructuras críticas. Sus principales objetivos son proteger los activos de infraestructura importantes frente a amenazas, tanto físicas como cibernéticas. La ley tiene por objeto salvaguardar 11 sectores clave, que son esenciales para la seguridad nacional, la seguridad pública y el bienestar económico, y verificar que las organizaciones de dichos sectores cuenten con sólidos programas de gestión de riesgos.
Definición de «infraestructura crítica»
Las infraestructuras críticas, según la definición de la SOCI, incluyen activos, sistemas y redes que son esenciales para el funcionamiento del país y el bienestar de su población. Estos activos se consideran críticos porque su interrupción o destrucción podría tener graves repercusiones en la seguridad pública, la actividad económica y la seguridad nacional. Los 11 sectores regulados por la SOCI son:
- Energía
- Agua y alcantarillado
- Telecomunicaciones
- Banca y finanzas
- Alimentación y productos alimenticios
- Transporte
- Sanidad y medicina
- Almacenamiento y tratamiento de datos
- Sector de la defensa
- Industria espacial
- Aviación civil
Cumplimiento normativo y normas de la SOCI
Las principales obligaciones de cumplimiento previstas en la norma SOCI pueden resumirse en las «obligaciones de seguridad proactivas». Las organizaciones deben adoptar medidas proactivas para proteger su infraestructura crítica frente a los riesgos y, en la mayoría de los casos, esto se lleva a cabo mediante:
- Registro de activos de infraestructuras críticas: Identificar y registrar sus activos de infraestructuras críticas en el Centro de Ciberseguridad e Infraestructuras Críticas.
- Programa de gestión de riesgos de infraestructuras críticas: Establecer, mantener e informar anualmente sobre su programa de gestión de «riesgos», incluidos los ciberataques.
- Notificación obligatoria de incidentes cibernéticos: notificar los incidentes cibernéticos al Centro Australiano de Ciberseguridad.
Las organizaciones que el Gobierno considere «sistemas de importancia nacional» también pueden estar obligadas a cumplir con obligaciones reforzadas en materia de ciberseguridad, entre las que pueden figurar:
- Elaborar y mantener un plan integral de respuesta ante incidentes de ciberseguridad.
- Realizar ejercicios de ciberseguridad para poner a prueba y validar los procesos y las capacidades de respuesta ante incidentes.
- Realizar evaluaciones de vulnerabilidad para identificar puntos débiles o deficiencias.
- Facilitar al Gobierno la información pertinente sobre el sistema.
Cómo ayuda Commvault a cumplir con la normativa SOCI
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- Conocer tus activos de datos y reducir el riesgo mediante la automatización de la supervisión de riesgos.
- Detectar amenazas y anomalías en tu entorno gracias a la detección de amenazas y anomalías en tiempo real.
- Implementar y probar tu CIRMP en un entorno seguro y aislado para garantizar la continuidad de las operaciones empresariales.
La SOCI desempeña un papel fundamental en la protección de los activos y sistemas esenciales de Australia. Al definir qué se entiende por «infraestructura crítica» y establecer normas de cumplimiento claras, las organizaciones de los sectores clave están bien preparadas para gestionar y mitigar los riesgos de seguridad.
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